La iniciativa, impulsada por el senador de ‘la U’ Mauricio Lizcano, establece el pago, durante 6 meses, del 90 por ciento del último salario devengado por una persona que pierde su empleo, pero tiene como requisito que se haya trabajado formalmente durante un año consecutivo.
Este seguro solo cobijaría a las personas que ganen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que, según el reporte de marzo de estabilidad financiera del Banco de la República, son cerca 18 millones 600 mil en el país.
“El primer mes se recibe el equivalente al 90 por ciento del último salario devengado, y las cuotas van descendiendo mes a mes. Habrá un consejo directivo que maneje los fondos y, de acuerdo con los recursos y el número de desempleados, se determinarán anualmente los montos que se van a pagar después del primer giro”, explicó Lizcano.
El congresista aseguró que una medida de estas ayuda a mantener estable la economía, por lo cual consideró que el Gobierno le dará el visto bueno a la iniciativa durante su trámite legislativo.
“No es solo una medida de protección social, porque es anticíclica y recomendable para las economías, porque si una persona pierde el empleo deja de consumir y así crece menos la economía, lo que finalmente incentiva el desempleo”, señaló el congresista.
Este seguro sería manejado por los fondos de pensiones y operado por las cajas de compensación. Lizcano reconoció que uno de los puntos que generarán mayor debate en el Congreso es de dónde saldrán los recursos para financiarlo.
Por eso, el legislador explicó que “no aumentan el presupuesto ni los parafiscales”.
Según la exposición de motivos de la iniciativa, el seguro se financiaría principalmente de tres fuentes: el subsidio familiar, que anualmente asciende a 100 mil millones de pesos; los recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al Desempleado (Fonede), que maneja cerca de 202 mil millones de pesos al año, y de las cesantías de los usuarios que, por año, llegan a alrededor de 544 mil millones de pesos. Esto daría un presupuesto anual cercano a los 846 mil millones de pesos.
“También se propone que se congele el 30 por ciento del primer año de cesantías del empleado, pero se le devuelven al mismo trabajador. Esto no sería solidario. Uno de los problemas es que la gente se gasta la cesantías antes de finalizar un contrato y se quedan sin ese beneficio”, aseguró Lizcano.
Augusto Posada, representante a la Cámara de ‘la U’ y coautor del proyecto, aseguró que el Gobierno ya vio con buenos ojos la propuesta.
“Hemos tenido unos pronunciamientos de parte del Gobierno, y una vez se comience la discusión esperamos que lo respalden en el Congreso. Hay disposición y voluntad política”, dijo.
El proyecto ya fue radicado en el Senado. Se espera que comience allí su trámite la próxima semana.
Otros alivios al desempleo EN EL PAÍS HAY AUXILIOS PARA UNA PERSONA SIN TRABAJO.
Existe un subsidio de desempleo que otorgan las cajas de compensación por seis meses, de 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes. Este se entrega en especie, por lo general en bonos de mercado, salud o educación. También está el seguro de desempleo atado a la cuota del crédito de vivienda, que se puede solicitar a la entidad financiera que le aprobará la hipoteca. Los bancos también ofrecen una póliza de desempleo para respaldar el pago de la cuota de la tarjeta de crédito, dinero que es abonado directamente a la entidad financiera.
‘Lo que se necesita es un estatuto del trabajo’.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, aseguró que lo que el país necesita es una política “seria” para evitar el desempleo, por lo que afirmó que el Congreso más bien debería legislar sobre un estatuto del trabajo.
“Se había creado un seguro al desempleo a través de las cajas de compensación, y fracasó. Luego establecieron que se haría una política para generar empleo, la cual tampoco funcionó. Seguimos haciendo las cosas al revés, ¿por qué el Estado y el Congreso no estructuran un estatuto del trabajo?”, se preguntó Mora.
Para el dirigente sindical, muchos trabajadores no se beneficiarían con este seguro porque “se plantea una cotización mínima de 12 meses, y hoy encontramos contratos de 3 meses o incluso hasta de 21 días”.
Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General del Trabajo (CGT), coincidió en la necesidad de desarrollar una política del trabajo, pero saludó la propuesta.
“Debemos plantearle al Congreso la urgente necesidad de desarrollar una política de empleo, pero se deben reconocer las buenas intenciones de una iniciativa de esta naturaleza”, dijo.
Puntos claves de la iniciativa que se estudia .
1Remuneración Se reconocerá un pago durante seis meses a las personas que hayan trabajado formalmente durante, mínimo, un año. El primer giro será equivalente a un 90 por ciento del último salario devengado, pero esta cuota irá disminuyendo gradualmente.
2 Protección Se crea el Sistema de Protección al Desempleado, al cual deberán ser afiliados todos los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos legales vigentes.
Desde aquí se administrarán los fondos del seguro. Tendrá la supervisión del Gobierno.
3 Manejo Se establece que las entidades de aseguramiento serán las cajas de compensación familiar y tendrán a su cargo la afiliación de los usuarios y la administración de los servicios del aseguramiento contra el desempleo.
4 Vigilancia La Superintendencia Financiera será la encargada de vigilar a las entidades aseguradoras contra el desempleo, que además deberán tener presencia nacional y garantizar una solvencia económica que les permita prestar el servicio.
5 Plazos La iniciativa establece un plazo de máximo 30 días para solicitar el seguro de desempleo, contados a partir de la fecha en la que la persona se queda sin trabajo. De ser aprobado, el primer giro se realizará dos meses después de la cesación laboral
ELTIEMPO