Esperar por el refugio en casa de amigos y con ahorros o ayuda externa para solventar las necesidades es una historia. Pero aguardar meses, incluso años, a cambio de alguna certeza, en un país desconocido, sin empleo y con una situación de salud delicada, eso es distinto.
Esta preocupación es la batalla que libra Juan Carlos Pirela, un venezolano con VIH y guía de otros connacionales en iguales condiciones que llegaron a Bogotá.
Hasta hace tres años, la atención para pacientes como él en Caracas funcionaba bien, pero la escasez de medicamentos se agudizó y se agotaron los reactivos para exámenes de laboratorio que permitieran identificar la evolución de la carga viral. Muchos infectólogos dejaron los hospitales para migrar, y Pirela empezó a temer por el deterioro de su sistema inmunológico.
Era 2014, y las premuras en el sistema de salud coincidieron con una época de agitación en las calles. Las multitudinarias protestas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro dejaron 43 muertos y más de mil heridos a quienes socorristas voluntarios como Pirela ayudaban.
El precio de auxiliarlos era alto: mientras ellos curaban heridas y asistían a quienes perdían el aire por los gases lacrimógenos, la Guardia venezolana y la Policía Bolivariana intentaban arrebatárselos para llevarlos a prisión acusándolos de rebeldía.
En una de esas, a Pirela le dieron una golpiza de no olvidar, y quedó señalado por las autoridades del sector caraqueño en el que servía de voluntario. El temor a una persecución lo hizo optar por mirar a Colombia como destino para protegerse.
Dos años esperando el refugio han sido una batalla personal para ganar en salud y seguridad. Un salvoconducto, un documento que renueva cada tres meses mientras le responden, le permite permanecer en el país, pero le impide conseguir un trabajo formal o moverse por fuera de Bogotá.
En esas condiciones y con la incertidumbre diaria de que cualquier día las autoridades le respondan que debe buscar otro destino o retornar a su país, a Pirela lo sostiene un sueño: construir un hogar de paso para venezolanos con VIH en Colombia.
Volver no es una opción
El anhelo surgió de ver a otros compatriotas en su situación. Él corrió con la fortuna de mantener los beneficios en salud que le dio la extinta visa Mercosur, incluso cuando tiene un salvoconducto, pero esa no es la situación de la mayoría.
Quienes ingresaron a Colombia por trochas y no hicieron sellar su pasaporte ante un puesto de control migratorio (un número indeterminado), o quienes llegaron después del 28 de julio, fecha límite en la que el Gobierno otorgó un permiso especial a venezolanos para quedarse en Colombia por dos años y tampoco sellaron pasaporte, se encuentran en el país de forma irregular y no pueden afiliarse a una EPS.
Por fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sin una fórmula médica firmada en Colombia, los venezolanos con VIH difícilmente logran acceder a su tratamiento.
Es el caso de Francisco Hernández, 25 años y un diagnóstico reciente de VIH. Se fue de Caracas porque tardaba más cobrando el pago que obtenía como asistente administrativo que gastándolo. “Un cuarto de mi sueldo alcanzaba apenas para un kilo de pollo”, cuenta, y recuerda que en noviembre del 2016, en menos de 15 días, fue secuestrado una vez y atracado en otra ocasión.
Luego de perder los ahorros por cuenta de la inseguridad en la capital venezolana, salió por carretera hacia Colombia: de Caracas a Maracaibo, de Maracaibo a Paraguachón, y de ahí, en la frontera con La Guajira, hacia el interior. En Bogotá lo esperaba su novio, a quien había conocido dos años atrás en su país y quien prosperó como vendedor para una empresa de telecomunicaciones colombiana. Así, al menos la casa estaba asegurada, pero la búsqueda de empleo con un pasaporte sellado, que le permitía estar solo tres meses en Colombia, fue ardua:
“Recorrí el sur de Bogotá caminando, y nada. Recuerdo a una señora de una panadería que cuando supo mi nacionalidad me dijo: no, a los venezolanos no los contrato, a los venezolanos les tengo asco. No esperaba que aquí me trataran con la punta del pie. Luego, me dieron chance en ferreterías, fui obrero, limpiador y por último estuve en una pescadería, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m, por $25.000 diarios”.
De oficio en oficio y temiendo volver a la frontera y ser deportado, a Hernández se le escapó el tiempo y el sello del pasaporte perdió vigencia. Por eso, cuando el Gobierno colombiano ofreció un permiso especial de dos años para venezolanos que estuvieran en este país, el joven se quedó sin el beneficio.
De hecho, aún cuando su situación migratoria es irregular, prefiere las mil y una soluciones aquí, con los abogados que tenga que ser, con el miedo a ser deportado, que regresar a Venezuela, donde la inseguridad, la incertidumbre y la escasez son tan altas que debe temer por su vida.
Y es que desde hace dos meses su integridad le preocupa más que siempre. El olor de unas pastillas en el bolso de su pareja le hicieron pensar que se trataba de antiretrovirales. En efecto, dos años atrás, su novio había sido diagnosticado de VIH y por temor a perderlo no le contó.
Hernández sintió el contagio como una traición. Eran su salud, su vida, las que estaban en juego. Con los días y la resignación de que lo único que le queda es luchar, por ambos, perdonó y comenzó diligencias médicas por la vía particular. La Western blot, la prueba confirmatoria de la carga viral de VIH e indispensable para iniciar un tratamiento, cuesta un millón 200 mil pesos que no ha podido pagar.
Una vez tenga los resultados vendrán las citas con médico general, urólogo, e infectólogo, cada una por encima de los $100.000, y luego los medicamentos: “ahí sí no sé cómo voy a ser. Hay antiretrovirales que superan el sueldo mínimo. De todas formas, tendré más posibilidad de estar vivo aquí quedándome como ilegal”.
ELCOLOMBIANO
