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Contraloría halló irregularidades en alimentación escolar de Antioquia

Al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Antioquia le siguen sacando y sacando. Como si fuera poco la noticia de la reducción de casi 10.000 millones de pesos en los recursos para el 2018, la Contraloría General de la Nación informó sobre presuntas anomalías en la contratación del programa.

En la rendición de cuentas que el organismo de control realizó en Medellín, Érika Navarrete, gerente departamental de la Contraloría, informó que en Antioquia hallaron irregularidades en la contratación del programa por más de 2.000 millones de pesos.

“En las últimas auditorías hemos hecho apertura de seis procesos de responsabilidad fiscal. Pero más allá de eso, este problema hay que verlo con sentido social. Nos tiene que doler porque los más afectados son nuestros niños, especialmente aquellos de escasos recursos”, manifestó la funcionaria.

En el informe hacen referencia a contratación y falta de soportes de la entrega de algunas raciones específicas.

La gerente añadió que la auditoría se hace semestralmente y de manera rigurosa, repitiendo el proceso inclusive a las entidades o sujetos de control en Antioquia.

En un documento al que EL TIEMPO tuvo acceso, se indicó que Yondó, Heliconia, Argelia, Sonsón, Medellín son los municipios a los que se le abrió proceso. Asimismo, hay uno restante al departamento de Antioquia. Los de mayor cuantía hacen referencia a la auditoría 2015. En el documento, fue la capital antioqueña la que presentó la mayor cuantía de presunto detrimento con 1.168 millones de pesos, más del 50 por ciento.

Nos tiene que doler porque los más afectados son nuestros niños, especialmente aquellos de escasos recursos

“En los contratos, se evidenció que no obstante haber suministrado la misma ración a toda la población, tal como lo indica la minuta, este componente del menú (vaso de leche), fue cobrado y reconocido o pagado a diferentes precios, los cuales no estaban calculados según especificaciones técnicas”, dice el documento.

Como presuntos responsables, aparecen Héctor Fabián Betancur, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; y Pedro Fernando Hoyos, entonces director técnico de Seguridad Alimentaria.

Otro de los hallazgos se presentó en Yondó y fue por más de 840 millones de pesos. Allí, según el archivo, “se permitió que el valor inicial del contrato de suministro de víveres se ejecutara y pagara en un término menor al contratado lo cual obligó a una adición y no se pudo demostrar la ejecución total del contrato por parte de la Unión Temporal Casabe”.

es que una de las situaciones que se presenta en Antioquia, según Navarrete, es la creación de sociedades temporales que se van por regiones y comienzan a repetir este proceso en cada zona. El método no cambia, solo lo hacen los nombres de las sociedades.

“Empezamos a tomar versiones y pruebas para que comiencen los fallos en cada proceso y tenerlos adelantados antes de que termine este Gobierno”, aseguró Navarrete.

ELTIEMPO