
El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes, descarta cualquier posibilidad de que en los municipios de Segovia y Remedios (Nordeste antioqueño) vuelva a presentarse, por ahora, siquiera un amago de paro o de protesta por incumplimiento de los pactos firmados por el Gobierno con la Mesa Minera el pasado 30 de agosto.
En diálogo exclusivo con EL COLOMBIANO, también les advirtió a los concejales de Antioquia, especialmente del Suroeste, que los acuerdos municipales que prohiben la minería son violatorios del régimen de competencias para dichas corporaciones y podrían ser investigados por la Procuraduría.
¿Cómo avanzan los acuerdos con la Mesa Minera de Segovia y Remedios?
“Para el levantamiento del paro establecimos 14 puntos de acuerdo y le hemos hecho un seguimiento riguroso al proceso. Hemos realizado tres mesas de diálogo, una por mes, con la Mesa Minera, y a nivel interno, cada 15 días, nos reunimos con la Secretaría de Minas de la Gobernación, a evaluar los avances”.
¿Cuáles son los principales logros alcanzados después del paro?
“Los puntos fundamentales se han ido cumpliendo. Iniciamos un proceso de caracterización de toda la cadena productiva; a través del Centro de Producción Agroindustrial del Nordeste se están caracterizando las plantas de beneficio, los comercializadores y las unidades de gestión minera. Y avanza un proceso de acompañamiento de la estructuración y gestión de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, para, en las zonas de uso industrial, establecer nuevas plantas de beneficio sin mercurio”.
¿Con cuántos titulares mineros se han logrado avances y acuerdos concretos?
“Se estableció contacto con nueve titulares, lo que nos condujo a lograr 7 subcontratos en la zona de Carrizales ( municipio de Remedios) a beneficio de 500 mineros; también tenemos 5 titulares en proceso para seguir avanzando en este ejercicio de formalización”.
La pequeña minería
¿La pequeña minería, la informal, cómo se ha beneficiado en este proceso?
“Se establecieron cláusulas para la solución del conflicto con la firma Zandor Capital; a través de la Oficina Institucional de Soluciones Mineras en Remedios, atendemos la mediación de los grandes titulares con los pequeños mineros; con la Gobernación y la Dian hemos hecho un registro de los barequeros buscando que ellos tengan Rut; y en tres foros en Segovia, con la Gobernación, se ha avanzado en la construcción de una política pública para el desarrollo de la pequeña minería”.
En cifras, ¿qué se ha logrado en estos tres meses?
“Hemos firmado cuatro contratos de operación a beneficio de más titulares mineros y se inició formalmente el proceso de mediación con cuatro de las seis principales minas de Segovia y Remedios, pero hay que recordar que el compromiso asumido es con los más de 200 titulares mineros que hay en estos dos municipios. La formalización, a través de la coexistencia de la pequeña, mediana y gran minería, es el camino a recorrer para solucionar la problemática de la ilegalidad en la zona”.
Pasando a otro asunto, ¿cuál es la posición del ministerio frente a los acuerdos de concejos que prohiben la minería en sus territorios? Tarso acaba de prohibirla pese a que un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó un acuerdo similar de Urrao…
“Para nosotros, la jurisprudencia es clara: les decimos a los concejales que la vía rápida de aprobar acuerdos para prohibir la actividad minera viola los principios legales que rigen para los funcionarios públicos. Nosotros tenemos que hacer solo lo que nos está permitido por la ley y un concejo no tiene facultad para prohibir el desarrollo de ninguna actividad minero-energética en su territorio; allí están violando el régimen de competencias, pues la última sentencia de la Corte Constitucional, la T 445, dijo que para efectos de proteger el medio ambiente se tienen competencias: para los municipios corresponde el ordenamiento del suelo y son las entidades nacionales las encargadas de administrar los recursos del subsuelo a través de procesos de concertación”.
Entonces, ¿dichos acuerdos no son válidos?
“Esos acuerdos carecen de validez legal y si los concejales se extralimitan en sus funciones, la correspondería a la Procuraduría investigar a quienes realizan dichos actos desbordando sus competencias” ..
ELCOLOMBIANO