Propuestas creativas. Eso fue lo poco que se dijo tras una reunión entre el ministro del Interior, el viceministro de Transporte, el Gobernador de Antioquia y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura el pasado 9 de enero para debatir el paso a seguir tras la suspensión por 30 días del cobro de peajes en Urabá.
En ese lapso de tiempo, las autoridades deberán resolver la situación de tres casetas de peajes en esa subregión las cuales, dos fueron incineradas el pasado 5 de enero en medio de protestas. Lo que sí quedó claro según las palabras del ministro del Interior Guillermo Rivera, es que quitar el cobro de peajes no es una opción.
De lo que sí se sabe, es que hay tres propuestas claras: la del gobernador Luis Pérez de pasar de tres a una caseta de peaje, la de la comunidad de reubicar las casetas, y la “propuesta creativa” del Gobierno Nacional de la que no se sabe nada, pero que podría ser desde cualquiera de las dos primeras o, incluso, dejar las casetas donde están ubicadas.
Como una novela, los habitantes de Urabá están en vilo sobre qué camino tomará el gobierno con respecto a los peajes tras crear una comisión conformada por líderes sociales, fuerzas vivas de la región e iglesia.
El camino del Gobierno
Más que propuestas, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó aclaraciones con respecto a información en torno al cobro de peajes.
“La norma que algunos alcaldes de los municipios del Urabá han mencionado donde supuestamente se fijan las distancias entre peajes no existe. Actualmente, Colombia no cuenta con norma que determine la distancia entre una caseta de peaje y otra”, aclaró Dimitri Zaninovich, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Sobre el número de peajes, aseguró el directivo que en realidad son dos peajes en tres casetas. El peaje Cirilo (fue destruido) se planteó como una caseta bidireccional entre Turbo y Necoclí. El segundo peaje está compuesto por las casetas de Río Grande (destruido), que es unidireccional entre Turbo y Apartado, y la caseta de Chaparral, que también es unidireccional entre Apartadó y Chigorodó.
Antes de que empiece cualquier intervención en tierra se debe socializar con las comunidades para que sepan cómo el proyecto los va a impactar. Y eso fue lo que hizo falta en Urabá
“Es decir que un vehículo que viaje entre Chigorodó y Necoclí paga en la caseta de Río Grande y en la de Cirilo en las que hay una distancia mayor 100 km. Y quienes viajen de Necoclí a Chigorodó pagan en Cirilo y en Chaparral con una distancia mayor a 100 km”, informó el directivo.
Sobre el impacto a la economía de los habitantes de la zona, indicó que el 96 por ciento del parque automotor en Urabá corresponde a motos, las cuales no pagan peaje en las vías colombianas.
Por su parte, el ministro Rivera expresó que dependiendo de las conversaciones con la comitiva en la zona se tomará la decisión sobre si habrá reubicación o se levantarán las casetas en el mismo punto donde fueron destruidas, u otra medida.
El camino del Gobernador
“La única propuesta concreta ha sido la de la gobernación”. Eso dijo Luis Pérez, mandatario departamental tras reafirmar su propuesta de pasar de tres casetas de peaje a solo una, y que esta tenga tarifa preferencial para las personas más pobres de la zona. Además, este debe establecer otra tarifa preferencial para los vehículos matriculados en los municipios del área de influencia.
Para John Jairo Agudelo, ingeniero civil y especialista en Vías y Transporte, esta opción no es viable económicamente. Que pasen de tres a uno implica que ese que quede hay que subirle el precio para que el concesionario recupere su inversión.
“Habría que incrementar demasiado el costo, teniendo en cuenta que también se plantea tarifa diferencial para los habitantes y vehículos de la zona”, contó el experto (ver anexa).
El camino de los urabaenses
Tras una reunión liderada por el obispo de Apartadó, monseñor Hugo Torres, con los alcaldes de la zona de influencia (Turbo, Carepa, Chigorodó y Apartadó) y varias fuerzas vivas de la zona, se definió una propuesta para enviarle al ministerio de Transporte.
“Los Alcaldes de Carepa, Apartadó, Turbo y Chigorodó son los líderes de este tema, y la propuesta es la reubicación mínimo de dos peajes para que queden antes de la entrada y a la salida de la zona bananera”, explicó monseñor Torres.
Es decir, que las casetas se trasladen antes de Chigorodó y después de Necoclí en sentido sur-norte.
“El lugar exacto ya le tocaría definirlo a la ANI o Invías. Pero la propuesta hay que fundamentarla y argumentarla por lo que se creó un comité de unas seis personas para pulir la iniciativa”, agregó el Obispo.
Hay tres hojas de ruta trazadas. La novela para los urabaenses llegará a su clímax esta semana. Victoria Eugenia Ramírez, secretaria departamental de Gobierno, explicó que ya se recibieron todas las propuestas y el 22 de enero habrá reunión con MinTransporte y la ANI para tomar una decisión.Cualquiera que sea, será socializada en Urabá el 24 de enero. “La ANI tiene toda la información y avanza en la revisión y análisis del impacto económico de cada alternativa presentada. La visita a Urabá será para solucionar todas las inquietudes que pueda presentar la comunidad ante las decisiones tomadas”, explicó Ramírez.
Un nuevo estudio financiero y socialización, las claves
Para John Jairo Agudelo, ingeniero civil y especialista en Vías y Transporte, es difícil llegar a una solución para la problemática pues ya hay contratos firmados y costos estimados.
Explicó el experto que el número de peajes se determina según el estudio financiero que se haga del proyecto para que sea rentable para la concesión, que por lo general es a 20 años.
También del estudio de tránsito que determina cuál es el costo del peaje para que se recupere la inversión con la tasa de retorno, porque se garantiza un número mínimo de vehículos que pasen por el peaje, para recuperar la inversión, y si no es así el Estado tiene que asumir esa diferencia.
“Como yo lo veo hay dos opciones. Una, que el Gobierno renegocie la concesión con la empresa privada, pero le tocaría aportar más dinero para que no haya que aumentar el valor del cobro de los peajes. Dos, que la concesión se dilate a 25 o 30 años (por lo general es a 20 años) para que se logre el recaudo estimado y no se incremente el valor en las casetas.
Pero es vital en ambas opciones que se haga un estudio financiero y sobre todo, que se socialice con la comunidad”, explicó Agudelo.
Fuente: eltiempo.com