Urabà

Agua potable crece a nivel urbano, pero existe déficit rural

Vivir en el campo y no tener acceso a agua apta para el consumo humano es un problema que agobia a 24 de cada cien personas residentes en las zonas rurales del país, según expone Findeter en un informe presentado en 2017. Esto lo padecieron Wílmar Montoya y su familia hasta el 2015, pues en ese entonces, a su vereda El Tostado, en Betulia (Suroeste antioqueño) no llegaba el líquido.

“Sufríamos mucho porque había que traerla en baldes y tarros y guardarla en tanques, no se podía consumir sin antes hervirla”, narra Wílmar, quien vive con su esposa y tres hijos, dos de ellos menores de edad.

Sin embargo, en los últimos años la situación mejoró ya que en su localidad se construyó un sistema veredal de acueducto que permitió la llegada de agua potable a las casas, un beneficio del que aún carecen en Antioquia un total de 87.476 hogares rurales (más de 400 mil personas), según la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación.

Así lo expone en su Plan de Desarrollo 2016-2019, en el cual se busca reducir ese déficit y llevar agua potable a muchas más casas. El cubrimiento en las zonas urbanas está en 95 %, pero a nivel rural el 82 % de los hogares carece del servicio en condiciones óptimas, es decir, con un indicador de calidad entre 14.1 y 35, según la norma nacional.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que aumentar el acceso al agua potable es la intervención más eficaz para mejorar la salud humana y prevenir las enfermedades.

En Colombia, en 2014, solo el 58,8 % de la población consumía agua potable, según el Conpes.

El concepto de agua potable lo clarificó el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 2017 cuando creó el Irca (Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano), que fija el indicador para establecer qué tan apto o no apto para el consumo es el líquido que se les suministra a los ciudadanos. Solo se considera sin riesgo el agua con un Irca menor al 5 %.

El Irca promedio en la zona urbana es del 13,2 . Y en la zona rural, del 49,8, según el Conpes 2014. Esto indica que a nivel urbano el agua que se consume en el país es de mucha más calidad que la que llega a las zonas rurales.

Un informe del Ministerio de Salud y Protección Social de ese año señala que “los niveles de riesgo medio, alto e inviable sanitariamente (…) afectan al 30% de la población. La situación más preocupante se da en los municipios pequeños y en la zona rural debido, en buena parte, a la dispersión de la población y a la gran cantidad de empresas prestadoras del servicio, cada una con pequeñas áreas de cobertura que hace que no sean sostenibles financieramente, lo que no permite distribuir agua para consumo de buena calidad”, dice el documento.

“Muchas veces mis hijos perdían clases porque se enfermaban, pues el agua que recolectábamos, sobre todo cuando llovía, bajaba muy contaminada de lodo, tierra y de fertilizantes del campo”, apunta Wílmar.

Esto explica la fuerte incidencia que tiene el agua en la vida cotidiana de las personas. Cómo tenerla o no y que sea apta para el consumo impacta la educación, el trabajo y en general las actividades de las familias y de las comunidades.

Responsabilidad compartida

Según la normatividad nacional, las alcaldías tienen la responsabilidad de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado (Ley 142 de 1994), precisa el vicepresidente de Aguas de EPM, Santiago Ochoa Posada, ingeniero con gran experiencia en el tema.

“Por ley, las empresas de servicios públicos deben ser autosostenibles y en Colombia se obliga a que los costos de instalación, operación, administración y mantenimiento se cubran con las tarifas”, lo que originó que, por años, se generara un atraso en la dotación del servicio por la falta de recursos municipales, señala Ochoa.

Para suplir esta dificultad, el Ministerio de Vivienda, en 2008, creó los Planes Departamentales de Agua (PDA). Estos consisten en una bolsa común o un fondo al que aportan recursos la Nación, los departamentos y los municipios, y el dinero se destina a financiar proyectos de infraestructura para el agua.

Mauricio Correa Ochoa, jefe del Centro de Extensión Académica de la Universidad de Antioquia -Ceset-, recuerda que Antioquia creó su PDA en 2011.

“En ese momento, la mayoría de municipios afrontaba dificultades en cuatro aspectos: calidad, cobertura, continuidad y aseguramiento en la prestación integral del servicio”, afirma Correa.

A través de un convenio con la Gobernación, la Universidad de Antioquia y su equipo de técnicos, ingenieros y especialistas del Ceset establecieron los protocolos y procedimientos para que las localidades pudieran presentar proyectos relacionados con el agua, los cuales se llevaban al Ministerio de Vivienda, que analizaba su viabilidad y aprobaba recursos para ejecutarlos.

Pero luego, la Gobernación creó la Gerencia de Servicios Públicos, que a través del Mecanismo Único de Evaluación y Viabilización de Proyectos, empezó a otorgar directamente las licencias para las obras.

Según la U. de A., entre 2013 y 2016 se originaron 100 proyectos de infraestructura en acueductos, alcantarillados, manejo de residuos sólidos y capacitación a operadores del servicio en las distintas localidades, de los cuales 82 se ejecutaron. Entre esos hubo casos exitosos en los municipios de San Juan de Urabá y Concordia, en el Suroeste.

En San Juan de Urabá se terminó de construir un acueducto con una inversión de $7.940 millones después de llevar más de 30 años luchando por el proyecto. Hoy abastece a la población.

En Concordia, este convenio permitió que las Empresas Públicas Municipales de la localidad alcanzaran una cobertura del 96%, una continuidad del servicio de acueducto de 24 horas diarias y un índice de riesgo de calidad del agua menor al 2%.

Progreso en cabeceras

El mayor impacto del programa, sin embargo, se ha dado en las zonas urbanas.

James Gallego Alzate, gerente de Servicios Públicos de la Gobernación, asegura que antes del PDA, había un caos en el suministro de agua potable en las localidades.

“El mejoramiento ha sido sustancial. En 2014 teníamos inviables sanitariamente a 5 municipios; en 2015 pasamos a 3; y por ahora solo uno es inviable sanitariamente para suministro de agua (Cisneros)”. Esta localidad carece de una planta de potabilización, pero un propósito del PDA es adelantar este proyecto lo más pronto posible.

Un municipio inviable sanitariamente es el que presenta gran amenaza a la salud porque sus acueductos no tienen planta de tratamiento. La meta es que a 2019, los 125 municipios de Antioquia queden con suministro sin riesgo en las cabeceras urbanas.

¿Cómo lograrlo? Gallego señala que en la bolsa del PDA, para este año, hay $167.905 millones (más del doble que el año anterior), de los cuales el departamento aporta $88.700 millones, los municipios ponen $73.800 millones y el Ministerio de Vivienda, $5.279 millones. Todos se destinarán a infraestructura física relacionada con el agua. Una parte irá directo a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Se invertirá en la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, pero todo depende de los proyectos que presente cada localidad, según sus necesidades específicas y la viabilidad de los mismos. Para apoyar esta tarea se firmó un nuevo convenio con el Ceset de la U. de A. por $8.000 millones, que diseñará planes y proyectos para 47 municipios que carecen de capacidad y conocimientos para elaborarlos adecuadamente.

El agua es calidad de vida

En 2014, en Antioquia había 73 cabeceras municipales sin plantas de tratamiento de aguas residuales. Hoy hay 50.

Disponer del recurso cambia la vida, así como le pasó a Wílmar Montoya, que ya no tiene que ir a buscar agua a las quebradas y sus hijos no volvieron a faltar a clase por dolores estomacales, diarreas u otras enfermedades gastrointestinales que origina el consumir agua contaminada.

El más agradecido con esto es el alcalde de Betulia, Benjamín Alonso Suárez, quien admite que la vida en su municipio empezó a cambiar en 2011.

“En ese momento, yo era concejal y fui ponente del proyecto para ingresar al PDA. Desde entonces, se han construido tres etapas del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y tenemos un cubrimiento del 95 % en el perímetro urbano”, señala.

Afirma, sin embargo, que la cobertura rural es solo del 20 %. Pero la solución viene en camino: actualmente se construyen obras de acueducto y alcantarillado en el corregimiento Altamira, con servicio para cuatro veredas.

Edinson Muñoz Ciro, exdiputado antioqueño y experto en temas ambientales y de saneamiento, aunque considera valioso el PDA, advierte que al organismo le falta equilibrio.

“El PDA se enfocó en el sector urbano y deja por fuera lo rural; considero que su aporte debe ser integral”, asegura.

Recalca que a los desarrollos en esta materia hay que darles carácter más científico, usar la biotecnología, que abarata costos y aprovecha al máximo los recursos de la naturaleza. Afirma que hay que incluir un componente educativo que ayude a empoderar a las comunidades sobre la importancia de cuidar el recurso hídrico: ir de casa en casa, a los colegios y reunir a las juntas de acción comunal con manuales y campañas estructuradas para que el mensaje se entienda y se replique en las comunidades. Los alcaldes, dice, deben liderar estas actividades.

“El manejo de los residuos, que es un componente de la potabilidad del agua, debe hacerse desde los hogares. Se debe mirar esto con enfoque integral”, añade Muñoz Ciro.

Mauricio Correa, del Ceset de la U. de A., asegura que, con la asesoría de su equipo investigador, los municipios tendrán la capacidad de presentar proyectos estructurados que garanticen su aprobación para ser ejecutados y lograr así que cada vez más ciudadanos tengan acceso a agua potable las 24 horas del día .

Fuente: elcolombiano.com