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Cáceres, Antioquia: el pueblo en el que la violencia subió 175%

El pasado 6 de julio, cuando el asesinato de líderes sociales en el país se hizo noticia de escándalo nacional, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, admitió públicamente que esos crímenes ocurren principalmente donde operan ejércitos del narcotráfico. Y en medio de su exposición dio un ejemplo: “En Cáceres (Antioquia), la tasa de crecimiento del homicidio ha sido del 175 % en lo que va del año”. Lo increíble de esta revelación es que se trata de un diagnóstico que viene creciendo en exceso desde 2016.

La evidencia son los múltiples reportes de riesgo expedidos por la Defensoría del Pueblo que detallan cómo en el departamento de Antioquia, y en particular en la región del Bajo Cauca, la violencia se ha sostenido, la mayoría de veces asociada a la dinámica ilegal del narcotráfico. En esa ofensiva de estructuras ilegales, muchas veces relacionadas con la connivencia de agentes estatales, la población civil está poniendo las víctimas.

El Espectador evaluó varios de los informes de alerta temprana en Antioquia realizados por la Defensoría del Pueblo este año, y en ellos queda clara la radiografía de lo que está pasando en el Bajo Cauca y otras regiones del departamento. En el caso de Cáceres, por ejemplo, el organismo detalló en la alerta temprana de inminencia 009, emitida el 22 de enero, cómo las disputas de grupos herederos del paramilitarismo han creado un escenario de riesgo para las comunidades de las zonas rurales que viven en medio del fuego cruzado.

“Hay temor por el límite en el control territorial que establecen los grupos armados ilegales, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Los sitios públicos permanecen vacíos por temor a enfrentamientos o atentados; en la noche las calles y establecimientos comerciales permanecen sin afluencia de público”, detalló la Defensoría del Pueblo.

Sólo en los dos primeros meses de 2018 los enfrentamientos dejaron más de 1.600 personas desplazadas en cinco eventos masivos que fueron documentados y denunciados incluso por organismos internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró en febrero que el desplazamiento se había dado en comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de 18 veredas de la zona rural de Cáceres y que era consecuencia directa de los enfrentamientos entre las AGC y los Caparrapos, como parte de las disputas por el control territorial.

Denuncias más recientes de la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia señalan que cinco núcleos familiares de Cáceres, uno de ellos de origen indígena, tuvieron que abandonar la región. La organización indígena tiene su propio balance para demostrar que es evidente la participación de grupos paramilitares en varios asesinatos de los líderes de sus comunidades.

El fenómeno de Cáceres se replica en otros municipios del departamento con los mismos actores armados. El pasado 4 de abril la Defensoría entregó al Ministerio del Interior un documento de 12 páginas en el que describe la situación de vulneración colectiva de derechos humanos a la que están expuestos los habitantes de la zona rural y urbana de Caucasia.

Paradójicamente, el reporte indica que en este municipio hay poca presencia de cultivos ilícitos, pero en cambio se localiza uno de los principales centros de comercialización de oro, lo que quizás explica la alta presencia de grupos paramilitares. Situado a 280 kilómetros de Medellín, en Caucasia la violencia está asociada a los rezagos que dejó el paramilitarismo. Tras la desmovilización del bloque Central Bolívar, quienes se apartaron de los acuerdos terminaron creando su propia estructura ilegal.
FUENTE EL ESPECTADOR