Urabà

La JEP le pondrá la lupa a Urabá

La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó los hechos victimizantes ocurridos en diez municipios de Antioquia y Chocó, en el marco del conflicto armado entre 1986 y 2016. Por este caso deberán responder miembros de la exguerrilla de las Farc y la Fuerza Pública.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Caso 004 que se enfocará en investigar los hechos victimizantes ocurridos, entre 1986 y 2016, en Urabá, una de las zonas más golpeadas en el marco del conflicto armado.

La lupa de la JEP estará puesta sobre diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó), en se reportaron hechos graves, al parecer, a manos de miembros de la extinta guerrilla de las Farc, así como de integrantes de la Fuerza Pública.

Para priorizar este caso, la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad se basó en los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones sociales como la Corporación Reiniciar y el Cinep. En la región de Urabá, según información del ente acusador, se entregaron 3.523 casos de hechos victimizantes, entre los cuales se destacan masacres, desapariciones forzadas, apropiación ilegal de tierras, violencia basada en género y violencia sexual.

La JEP identificó grupos victimizados a partir de categorías en las que se tuvieron en cuenta su condición personal o colectiva. Entre ellos se encuentran los líderes de la Unión Patriótica en Urabá y Antioquia, los pueblos indígenas Embera-Katío, Embera Chamí y Tule o Kuna afectados en el Darién chocoano. Además de los pueblos afrocolombianos (entre ellos los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó), la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las comunidades sindicales y organizaciones sociales y de víctimas.

La Sala de Reconocimiento, a partir del análisis de los informes, ha podido inferir que los hechos victimizantes fueron perpetrados, presuntamente, por miembros de la Fuerza Pública y el Bloque José María Córdoba de las Farc, en particular los Frentes 5,34 y 57, con sus respectivas unidades móviles. “Los diez municipios priorizados se encontraban bajo jurisdicción de la Brigada XVII del Ejército; la Policía Nacional tuvo igualmente jurisdicción junto con otras unidades de seguridad del Estado como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Miembros de todas estas instituciones son mencionados como presuntos responsables de hechos victimizantes, en los informes con los que cuenta la Sala”, indica el auto con el que se abre el caso.

Son 100 exmiembros de la Fuerza Pública -comparecientes ante la JEP- que habrían perpetrado crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra 120 personas. Por otra parte, 74 comparecientes de las Farc tienen relación con 221 víctimas por hechos graves durante el conflicto. “Todos ellos tienen algún nivel de responsabilidad o alguna investigación abierta. En esa medida, esas personas serán llamadas a rendir su versión de los hechos y a contribuir de alguna forma la verdad”, indicó la magistrada Nadiezha Henríquez.

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