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Este es el Decreto que busca acabar con la corrupción en contrataciones públicas

La corrupción en Colombia sin duda es una problemática que aqueja a todos los ciudadanos y residentes del país. Los actos deshonestos se han tomado las obras públicas, los establecimientos comerciales, las universidades públicas y hasta el sector de la salud.

La consulta anticorrupción realizada en el mes de agosto del año 2018, expuso siete puntos en los que los ciudadanos debían marca sí o no dependiendo sus opiniones e intereses. Dentro de estos puntos se analizaba la posibilidad de acabar la corrupción en los contratos públicos.

En uno de los puntos propuestos se decía que “el Gobierno Nacional adoptará documentos de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades estatales, las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según correspondiera a cada modalidad de selección.”

Aunque la consulta anticorrupción no obtuvo la votación necesaria para ser aprobada, el Gobierno Nacional se encargó de decretar una norma que acabara con la corrupción en contratos de obras públicas.

Las declaraciones dadas por el Gobierno afirmaron que esta nueva ley busca acabar con “los favores políticos” y los contratos amañados. Por ello, el Decreto 342 contiene los documentos estandarizados que sirven de guía para elaboración de las cláusulas de los contratos -pliegos de condiciones- para las licitaciones en obras públicas, interventorías y consultorías de estudios, diseños o ingeniería.

Los llamados pliegos tipo entrarán en vigencia a partir del primero de abril, estos van dirigidos particularmente a proyectos de infraestructura del sector transporte, que representan el 33 % del total de obras públicas del país.

Aparte de minimizar la problemática de la corrupción en el país, la ley también busca optimizar los procesos de contratación y el control de los recursos del Estado que se utilizan para la construcción de vías e infraestructura. Asimismo, se crean condiciones para que más empresas puedan participar y clasificar en las licitaciones dando espacio a la equidad y generar más participación entre las empresas colombianas.

Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, considera que el decreto representa un avance significativo para el país pues esto daría más transparencia a las contrataciones de obras de infraestructura del transporte.

Cabe mencionar que el día 11 de marzo del presente año, seis consorcios y 12 interventorías que agrupan a 49 empresas de ingeniería que participarán en las obras para la terminación del Túnel de la Línea que une a Bogotá con Buenaventura, firmaron con el Gobierno Nacional, el “Pacto Cero Tolerancia con la Corrupción”.

El compromiso se centra en permitir y facilitar la participación de veedurías, Por su parte la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó que el sector tiene un gran desafío y está en la urgencia de asumir el combate contra la corrupción.

 

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