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Predio a familias despojadas en el Urabá antioqueño son restituidos

Pese a que se hará con un día de retraso, este miércoles 15 de mayo será, por fin, la diligencia de restitución de 12 predios a familias despojadas de sus tierras en el marco de la violencia paramilitar, en la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo (Urabá antioqueño).

El acto debía cumplirse este martes 14 de mayo, como estaba programado desde hace varias semanas en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el auto proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que había negado estos derechos a las familias campesinas, quienes llevaban más de una década luchando por recuperar sus tierras.

De acuerdo con Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, lo extraño es que la Policía les pidió aplazar un día la diligencia solo 14 horas antes de su realización. “Desde el 5 de abril la Policía está informada de que el 14, 15 y 16 se iban a entregar las tierras de Guacamayas”, manifestó y añadió que la razón que les dieron fue que la Policía no tenía cómo proteger a los funcionarios y víctimas durante la diligencia de restitución.

Al respecto, el coronel Gerson Fajardo, comandante de la Policía de Urabá, explicó que pidieron un día más porque no había suficientes hombres del componente operativo que se necesita para un evento de este tipo. Esto se debe a que muchos integrantes de la institución fueron enviados a zonas alejadas y de difícil acceso de la región para apoyar la seguridad el fin de semana de la celebración de las madres y se reincorporaron este martes.

“Vamos a acompañarlos el miércoles porque no hay componente operativo como el de restitución de tierras, que tiene armamento de largo alcance y que pueda ingresar a estos sitios”, sostuvo el coronel.

Asimismo, recordó que en los últimos meses se han presentado atentados en contra de la Policía en Urabá, por medio de cargas explosivas a los lados de las vías, ráfagas y ametrallamiento, por lo cual es importante ingresar a algunas zonas con personal especial.

Por su lado, las organizaciones involucradas en el proceso recibieron con agrado la noticia de que tras tantos años de lucha los predios, que tienen una extensión total de 1.000 hectáreas, serán restituidos a las familias campesinas.

Son unas 185 personas beneficiadas directamente con esta decisión, en la que la Corte establece que los empresarios y particulares que compraron dichas tierras a bajos precios no tienen la posesión de los mismos, en vista de que los campesinos se vieron obligados a vender por los homicidios, masacres, desapariciones forzadas y otros hechos cometidos por paramilitares en su territorio.

 

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