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Afrocolombianos entregaron informes a la JEP sobre violaciones a los derechos humanos

Organizaciones afrocolombianas le entregaron al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición siete informes que recopilan los casos más graves de violencia armada ocurrida dentro del conflicto armado interno.

Homicidios selectivos, reclutamiento forzado, violencia sexual, trabajos forzados, tortura ydiscriminación entre otros hechos fueron argumentados por las comunidades ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas.

“Las mujeres afrocolombianas hemos sido víctimas de diferentes formas de violencia en el marco de este conflicto; sexismo, clasismo, racismo, del patriarcado y de la violencia  sexual, son tan solo algunos de los casos más representativos”, dijo Luz Marina Becerra, representante del movimiento ‘La Comadre’.

Agregó que “cuando salimos de nuestros territorios, no sólo perdemos cosas materiales sino una cultura que en otros lugares es difícil llevar”.

Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas informó que la JEP priorizó siete macro casos, entre ellos tres territoriales entre ellos: Tumaco, Barbacoas, Ricaurte (en el andén pacífico nariñense); en el Urabá Antioqueño y chocoano y el norte del Cauca y el sur del Valle.

Representantes de comunidades afrodescendientes le entregaron siete informes a la JEP

“Se van a incluir muchos de los hechos que hoy nos ponen en conocimiento a través de los informes entregados por estas organizaciones de víctimas, consejos comunitarios afros y colectivos del país”, afirmó la líder afro.

La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó el caso 007, sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes además, se enfatizará en las agresiones sexuales contra los menores.

También se estudian los hechos de violencia sexual y de género en todos los departamentos del país.

“Mujeres víctimas que con coraje y valentía, nos muestran que es posible pensar en que se haga justicia, en que se esclarezcan los hechos, en que se atribuyan responsabilidades por violencia sexual”, manifestó la magistrada Díaz Gómez.

Ante dicha Jurisdicción se han acogido tanto excombatientes de la guerrilla como exintegrantes de las fuerzas militares por agresiones sexuales ocurridas, durante el conflicto.

Hasta el momento, el alto tribunal ha recibido más de 70 informes sobre violencia armada.

Entre los informes que entregaron se encuentra, lo ocurrido con la masacre de Bojayá y el terror que causó entre los habitantes de esta zona del departamento del Chocó.

“Bojayá le exige al Estado colombiano: No más sangre derramada en nuestros territorios (…), Bojayá puso una cifra muy alta de muertos negros y 17 años después, seguimos buscándolos sin poder enterrarlos, ni hacer los ritos a los cuáles estamos acostumbrados; no es posible que el país nuevamente este viviendo ese derramamiento de sangre”, aseguró emocionada Delis Palacios Herrón, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

Agregó que “solicitamos a la estructura de la JEP que nos ayude a que este país genere las condiciones y garantías para que nos podamos sentar, como sociedad colombiana a dialogar para tramitar las diferencias que tenemos como pueblos y poder generar los mecanismos para que no haya un derramamiento de sangre más, ni un muerto, ni un líder más asesinado”.

Palacios Herrón, dijo que hace unos días atentaron contra el líder Henry Chaverra, defensor de Belén de Bajirá.

Las organizaciones aseguraron que confían en la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz y en el esclarecimiento de la verdad además, de la no repetición de hechos que cambiaron para siempre, el sentido de sus vidas.

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