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Experto atribuye parálisis de vías 4G a vacíos en contratos y negligencia del Estado

La paralización o advertencia de paro de obras e incluso sanciones y procesos jurídicos en torno a las concesiones de la red de vías de cuarta generación (4G) en el país tendrían su verdadera causa no en corrupción de particulares, sino en vacíos en contratos y negligencia del Estado en la estructuración de los contratos, a partir de 2011, con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que sustituyó al Instituto Nacional de Concesiones (Inco).

Esa es la visión que ofrece sobre el tema el abogado especialista Andrés David Ospina Riaño, director jurídico de la firma Moreno Servicios Legales, quien ha estudiado a fondo el inminente colapso de los proyectos y sus incumplimientos, ocurrido principalmente por falta de financiación.

“Las razones tienen que ver con la deficiente planeación y la estructuración jurídica y económica del esquema de contratación planteado, y el nulo interés del Estado en sacar adelante algunos proyectos bajo su responsabilidad, aún ante las evidencias notorias de su crisis”, escribe el experto en un especial publicado por el periódico Ámbito Jurídico.

Lo que se dejó pasar

Es decir, la fórmula de la contratación, en la que la concesionaria gestiona e invierte sus propios recursos no previó las garantías suficientes a la banca, para que esta asumiera el compromiso de financiación, pues para lograr cerrar un contrato de concesión de Alianza Pública y Privada (APP), esta solo debía presentar un cierre financiero básico sin compromiso sobre el gasto de los recursos.

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La emergente normativa ‑continúa Ospina- y los vacíos en contratos solo exigían una carta de cupo de crédito para iniciar, incluso, proyectos de billones de pesos, para los cuales tampoco se requería una experiencia específica para el tipo de financiación. Esos detalles espantaron a la banca.

“En el modelo básico de contrato APP no se pondera la posibilidad, obvia por demás, de que se presenten riesgos reputacionales que afecten los contratos, ni tampoco se identifican de manera específica los diferentes tipos de riesgo financiero, lo que lleva a asignaciones generales y no particulares de estos, que ponen en tela de juicio la posición del Estado frente a determinados eventos de probable ocurrencia”, cuestiona el abogado.

De los vacíos en contratos a las posibles soluciones

De allí que cuestione algunos casos jurídicos como el de la Ruta del Sol II o la persecución contra el empresario Carlos Alberto Solarte, relacionados con esos huecos jurídicos, tras los cuales se presionó en otras áreas -como la eléctrica- para la consecución de recursos.

Esto agudizó mucho más la abstención de la banca de financiar las obras y, al no tener la obligación de hacerlo, desembocó en la paralización casi total de algunos corredores viales importantísimos del país o el esquema de venta de concesiones y multas a los privados señalados por incumplimiento.

“En un esquema novedoso se puede fallar. Lo realmente grave es que, evidenciada una falla, el Estado se niegue a enfrentarla, siendo indolente frente a particulares que han empeñado su patrimonio en un proyecto, y que solo reciben en contrapartida sanciones y multas, lo que desdice de un modelo asociativo en donde la parte pública también juega un papel, que debe orientarse, sin duda, a la ejecución debida de los contratos y del interés público que subyace a ellos”, analiza este experto en su investigación.

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Por eso, Ospina cree que es urgente revisar todos los acuerdos, suspender las obligaciones de quienes estén en riesgo de paralización y replantear el desarrollo de esos mismos proyectos, ya sea por parte de las mismas concesionarias o de terceros, tomando en cuenta la búsqueda de alternativas de financiación.

“Se mitigará el riesgo de derrumbes, accidentes y deterioros graves de la malla vial, así como las subsecuentes consecuencias que tales problemas pueden generar a la vida, salud y patrimonio de millones de colombianos. El reto está sobre la mesa”, sentenció.

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