Urabà

un horror que aún sacude a Apartadó

Los cadáveres estaban amontonados en una sala del hospital de Apartadó (Antioquia). Después de que Gloria Hidalgo despertó y se supo entre los muertos, soltó un alarido: “¡Yo estoy viva, sáquenme de aquí!”.

La escena habría podido ser más horrorosa: luego, a lo largo de la mañana de ese 27 de febrero de 1997, siguieron llegando los cuerpos –unos sin vida, otros mutilados o heridos– que dejó el estallido de una volqueta cargada con 100 kilos de dinamita, escombros y metralla. La parquearon al costado oriental del hotel El Pescador, frente al comando de Policía, en pleno centro del pueblo, y la onda explosiva causó daños en dos manzanas alrededor.

El atentado, que tiempo después sería reconocido por el Quinto Frente de las Farc, dejó al menos 20 muertos y 53 lesionados. De eso ya pasaron 24 años, en los que, aseguran las víctimas, no han recibido reparación del Estado ni verdad por parte de los responsables.
Apenas comienza la mañana del jueves en Apartadó.

Los primeros rayos de un sol que agobia se dejan ver entre las matas de banano que, aquí y en la mayoría de pueblos del Urabá, cubren buena parte los suelos cultivados. Desde el día de la explosión, es la segunda vez que Alberto Vélez –un hombre regordete y de cabello blanco, pero vigoroso– recorre esta carretera, que conduce al antiguo relleno sanitario del pueblo.

“Cuando íbamos entrando al relleno, salió un tipo vestido de camuflado y con revólver en mano. Me apuntó a la cabeza y me dijo: ‘Bájese de esa mierda’ ”, recuerda Alberto, quien era el encargado de llevar en su volqueta la basura hasta ese terreno que ahora, por la erosión, parece un desierto.

Al ver al resto de los armados, se dio cuenta de que eran guerrilleros. Alcanzó a notar que tenían dos canecas, dos bultos y un tubo de PVC, que montaron al platón y taparon con escombros. Lo retuvieron junto con sus ayudantes y lo obligaron a caminar monte arriba, tan lejos, que dejó de sentir el motor de su International modelo 1963 de color verde.

Iban a ser las nueve de la mañana de ese 27 de febrero del 97 cuando Rafael Agudelo, quien para entonces tenía 33 años, vio llegar la volqueta, que en el pueblo todos conocían. “A mí se me hizo raro que no la estuviera manejando Alberto. Vi que el conductor trató de parquearse al lado del comando, pero un policía le dijo que en esa zona estaba prohibido. El tipo le respondió que no se demoraba y la estacionó frente al hotel”, cuenta Rafael, mientras observa, a escasos cuatro metros, el lugar que se convertiría en el epicentro de la explosión.

Y señala cada punto del recorrido que hizo en aquellos minutos que pudieron ser los últimos de su vida: camina once pasos por el andén de la casa que hasta ese día fue de sus padres, y al llegar a la esquina gira a la izquierda y da dieciocho pasos más, hasta donde entonces quedaba el corredor de entrada a la vivienda. “Yo ingresé y me senté en una silla, pero al momentico mi mamá me llamó a tomar tinto, entonces me levanté y ahí fue cuando pasó eso”.

Cruzando la calle, en el interior de la unidad policial, la auxiliar de servicios generales Gloria Hidalgo estaba en la oficina del capitán, esperando a que le firmara el documento que avalaba su salida a vacaciones. “Cuando yo estiré la mano para recibir el papel, sentí un guarapazo en la cabeza y me desplomé al piso”, recuerda.

La muerte, entonces, parecía silenciosa. Estaban aturdidos. Ni Gloria ni Rafael recuerdan haber percibido el sonido de la explosión. En cambio Alberto, el dueño de la volqueta, aunque estaba a kilómetros, sintió el estallido de los 100 kilos de dinamita que volaron todo rastro del vehículo en el que había invertido los ahorros de décadas de trabajo: “En esas, los guerrilleros ya nos habían soltado. Íbamos a buscar algún lugar para llamar a la Policía cuando se sintió el estruendo. Eso sonó como si hubiera sido a media cuadra”.

Eran las nueve y cinco de la mañana cuando Apartadó, la meca del Urabá, tembló por cuenta de la explosión de la volqueta bomba. El mundo se les vino encima y ni siquiera podían verlo con claridad. Una nube negra de polvo escondía la destrucción causada por la guerra demencial.

Pero cuando empezó a dispersarse, los habitantes de la zona confrontaron la desgracia: la calle del comercio no era más que escombros, muertos y heridos. Con suerte, se salvaron las columnas de algunas edificaciones cercanas, pero otras se vinieron al piso sin contemplación. Paredes enteras se desplomaron. Los vidrios no eran más que moronas filosas.

De la volqueta, cuentan, solo quedó el motor. El resto voló en pedazos, y hasta dejó un cráter en el suelo.

Cuando Rafael recobró la consciencia, vio que la silla de la que se levantó segundos antes del bombazo ya no estaba: los escombros la borraron. Supo que había sobrevivido. Pero no todos en casa correrían la misma suerte: su papá, Luis Arturo Agudelo, un afamado carpintero del pueblo, cayó desde el tercer piso de la construcción hasta el primero. No fue suficiente que lo llevaran en avioneta hasta Medellín para brindarle atención médica. Murió seis días después del atentado.

Frente al hotel El Pescador, en la carrera 99 con calle 98, se empezó a formar una multitud: unos lloraban a sus muertos y otros, a sus desaparecidos.

Cuando reporteros de EL TIEMPO llegaron al sitio, el hospital regional Antonio Roldán Betancur, a donde fueron trasladados los heridos, ya había sido declarado en emergencia.

“La Cruz Roja envió, desde la capital antioqueña, en un helicóptero del Servicio Aéreo de Salud, 40 bolsas de sangre de todos los tipos.Igualmente, llegó en la aeronave un equipo especial para atender urgencias. Entre las ruinas, Nohelia Galeano pasaba con agua el sabor amargo que le provocaba ver a su esposo remover los escombros para hallar el cuerpo de su hijo Edwin Oquendo Galeano, de 20 años, quien trabajaba desde hace cinco meses en el almacén de variedades que ocupaba el primer piso del hotel”, se lee en la edición de hoy hace 24 años.

Quien llega al pueblo en transporte público por el norte, escucha al conductor preguntar quién se queda en el cementerio. Son las cuatro de la tarde y el sol comienza a dar tregua. Las puertas del camposanto están cerradas, y las custodia la escultura del Señor Resucitado que, al igual que la entrada y los panteones, es de color blanco.

Durante décadas, varios de los muertos que llegaron a este sitio de Apartadó lo hicieron por la acción de los armados. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, solo entre 1980 y 2012 se registraron 31 masacres en Apartadó. En esos hechos fueron asesinadas, al menos, 215 personas, a manos de paramilitares, guerrillas y la propia Fuerza Pública (señalada de ser responsable de al menos cuatro de las masacres).

Rafael Agudelo nació en 1963, y se reconoce como parte de las primeras generaciones, esas que alcanzaron a pasar su infancia sin el hostigamiento frecuente de los grupos armados. “En esa época uno todavía podía jugar libremente”, dice.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 3.530 habitantes del municipio han asesinados violentamente, pero la guerra ha tocado al pueblo tan de cerca, que 90.881personas han sido reconocidas como víctimas. Ese número, en una población de 121.000 habitantes, evidencia el drama del paso del conflicto por esta región.

Pero en ese conteo hay ausentes. Varias de las víctimas, directas e indirectas, del atentado de la volqueta bomba aseguran que no han sido reconocidas ni reparadas. “Después de ese hecho, yo me tuve que desplazar por amenazas. Volví, y a pesar de que las Farc me secuestraron y se robaron mi volqueta para ese atentado, el Estado nunca me indemnizó por eso”, cuenta Alberto Vélez.

Francisco Sánchez, otro de los afectados, dice que desde 1999 pusieron una demanda contra el Estado, pero aún no hay un fallo definitivo al respecto. “También hemos tocado la puerta de la Unidad de Víctimas, para que nos reconozcan como sujeto de reparación colectiva, pero a pesar de que se comprometieron a hacer el trámite en 2017, cuando se cumplieron 20 años de la explosión, aún no ha pasado nada”, cuenta Francisco, quien es vocero de los perjudicados por el hecho.

Frente a ese compromiso, la directora territorial de la entidad, Elizabeth Granada, aseguró que “la Unidad realizó el acompañamiento de los afectados hasta la Defensoría del Pueblo regional para que, como Ministerio Público, se les guiara en la viabilidad de rendir declaración como colectivo”. Sin embargo, dicen los afectados, todavía no ha pasado nada.

A la casa de Nancy Hidalgo, ubicada en uno de los barrios populares de Apartadó, se entra después de cruzar un pasillo estrecho. En la pared de la sala tiene pegada la foto de una cabaña que se convirtió en un sueño, aunque no tiene un solo lujo.

“Queda en un lugar tranquilo, lejos del escándalo, de la violencia. Allá uno podría sembrar algo y tener amistades”, dice esta mujer, quien es hermana de Gloria Hidalgo y fue quien la buscó entre los escombros y, luego, en el hospital al que llegó entre el grupo de fallecidos del atentado del 27 de febrero.

Nancy ha sido el bastón de su hermana desde entonces. Gloria aún lidia con las secuelas sicológicas de ese día: con los años, le diagnosticaron estrés postraumático, esquizofrenia, depresión concurrente y un trastorno de bipolaridad. “Tengo un panfleto de diagnósticos”, dice jocosa. Tuvo que regresar a su trabajo en servicios generales del Comando apenas 10 días después del atentado, y hasta que se pensionó en 2014, 17 años después, no dejó de sentir miedo de que volvieran a atentar contra el sitio.

“Mi hermana no dormía, cambió su forma de ser, era irritable, lloraba por todo, ella perdió su vida después de ese atentado, hasta el punto de terminar en el siquiátrico”, cuenta Nancy, quien ha tomado las riendas del proceso para que a Gloria la reconozcan como víctima de ese atentado que, además de las secuelas en su salud mental, le dejó una disminución del 30 por ciento en un oído. Y confía en que, si algún día la indemnizan, pueda al menos comprar un lote para esa casa lejos de todo en la que, por fin, vivirían en paz.

Ayer, como cada 27 de febrero, las víctimas del atentado se reunieron frente al hotel El Pescador para conmemorar otro aniversario del hecho y honrar a las 20 personas que perdieron la vida hace 24 años. Esperan que, ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz investiga el crimen, puedan conocer la verdad de lo que pasó, pero son enfáticos en la exigencia de reparación por el daño causado.

Fuente: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/atentados-de-farc-24-anos-de-la-volqueta-bomba-en-apartado-antioquia-victimas-exigen-reparacion-569982

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